El acceso a la justicia no solo se ha convertido en una necesidad para la población vulnerable sino que, además, se convierte en el “arma” más valiosa para construir la paz.

Así lo entendió la Alcaldesa Elsa Noguera De la Espriella cuando emprendió un programa que permitiese a la gente más necesitada acceder a los servicios de la justicia de manera gratuita.

El programa es operado por la Fundación Acceso a la Justicia y la Universidad Simón Bolívar y cuenta con un adecuado espacio de atención en el barrio El Bosque.

El director de la Fundación, Luis H. Silva, recordó las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, suscrito en desarrollo de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana

Este convenio señala que “el sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia paraobtener la tutela de dicho derecho”.

Y enfatiza que “si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social”.

Sin embargo, en Colombia ello parecería un saludo a la bandera porque el Estado se ha dedicado más a fortalecer la nómina de jueces, que es apenas una parte de la cadena del sistema, marginando al ciudadano de las herramientas necesarias para acceder a la justicia.

En otros términos, el servicio judicial es insuficiente para atender la demanda y en casos como las Casas de Justicia y Consultorios Jurídicos, en muchas situaciones encuentran resistencia ciudadana.

Este incierto panorama fue tenido en cuenta por la Administración Distrital para implementar el programa de Acceso a la Justicia en Barranquilla contando con un punto de atención permanente de asistencia legal civil con abogados especializados en temas civiles de jornada completa y dedicación exclusiva.

En desarrollo del programa, en el año 2014, fueron atendidas consultas, en los siguientes temas:

-Inmuebles (1.532) en legalización de predios (titulación de predios privados, titulación de predios fiscales), arrendamientos, contratos de compraventa, amparo de pobreza y levantamiento de afectación familiar sobre inmuebles;

-Familia (56), en sucesiones, divorcios y separaciones, alimentos, patria potestad, sociedad marital de hecho y custodia de menores.

-Laboral (43), en reconocimiento de salarios y prestaciones sociales, despidos sin justa causa y reintegro laboral.

-Otros temas consultados (33). Incluye 23 acciones de tutela para la protección de toda clase de derechos fundamentales y 10 derechos de petición, comunicaciones de trámites y reclamaciones ante empresas de servicios públicos, EPS y entidades oficiales del Estado.

Con estos resultados, el director de la Fundación Acceso a la Justicia, Luis H. Silva, considera la necesidad de continuar el programa en el Distrito de Barranquilla e incluirlo en el Plan de Desarrollo o en otros proyectos del Estado para la asistencia legal gratuita en temas civiles para las personas de comunidades y familias vulnerables, cuyos costos sean asumidos por el Estado, y que se preste por entidades privadas sin ánimo de lucro, dando aplicación al art. 355 de la Constitución Política.

En este sentido sugiere su inclusión en la “Estrategia transversal de consolidación del Estado Social de Derecho”, que busca garantizar el goce efectivo de derechos y la justicia para todos los colombianos".

Además, en el programa “Colombia en Paz”, para “fortalecer las condiciones para un proceso de construcción de paz y garantizar su sostenibilidad, permitiéndole al país y a sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial como Nación, para lo cual es necesario establecer mecanismos ágiles que permitan el acercamiento de la gente al sistema judicial en todo el territorio nacional”.

Y finalmente, en el programa “Colombia equitativa y sin pobreza extrema”, en el que “todas las personas, sin importar su procedencia, su pertenencia a un grupo étnico, su género, edad, o a su condición de discapacidad, deben tener la posibilidad de acceder a mejores servicios públicos, apropiadas condiciones de habitabilidad, vías de acceso para conectarse con las regiones y con el país, un servicio de salud de calidad y una educación que le permita construir el futuro. En este contexto es importante incluir la justicia como un derecho fundamental (Corte Constitucional) que hace parte de aquellos servicios a facilidades cuyo acceso es vital para construir una Colombia equitativa”.